El Mercader de Venecia, una obra de William Shakespeare ambientada en la Venecia del siglo XVI, desarrolla la historia de Bassanio, un noble necesitado de dinero que le pide ayuda su amigo Antonio para poder financiar su proyecto matrimonial. Este amigo, un acaudalado comerciante cuyas riquezas dependen de unas naves que aún están de camino, decide acudir a un prestamista judío, Shylock, el cual le concede el préstamo con una condición: de no cumplir lo pactado Antonio deberá pagarle un kilo de carne de su propio cuerpo.
Cuando las naves de Antonio no llegan a puerto, tendrá lugar un juicio en el que el usurero Shylock reclamará un kilo de la carne de Antonio, aún a sabiendas de que esto le costará la vida al joven veneciano.
ANÁLISIS DEL JUICIO EN LA OBRA
A lo largo del juicio diversos personajes critican la crueldad y fiereza de Shylock (comentarios que a menudo acompañan de un evidente sentimiento antisemita, muy propio de la época), sin embargo, el propio Antonio, a pesar de lamentar la crudeza de su destino y la falta de compasión de su enemigo, reconoce la importancia de cumplir la ley. Este joven comerciante considera esencial para el "crédito de la república" el cumplimiento del contrato tal y como fue establecido, es decir, el puro respeto al principio de legalidad hace que Antonio acepte una condena inhumana para lograr el mantenimiento funcionamiento correcto del aparato judicial.
LAS ALTERNATIVAS A UNA CONDENA INJUSTA
Durante el juicio se intenta apelar a los sentimientos de compasión y piedad del prestamista, sin embargo, este desea el cumplimiento de la condena.
La solución a este controvertido caso llega solamente a través de una norma veneciana que impide derramar ni una sola gota de sangre al ser cortada la carne de Antonio, impidiendo así su laceración.
Es decir, gracias a una norma protectora de la integridad física del individuo se consiguen evitar los terribles efectos de un contrato legal establecido entre dos contrayentes, dejando así clara la importancia de los derechos humanos fundamentales y la necesidad de convertirlos en leyes prioritarias por encima de todas las demás normativas existentes.
Podemos concluir diciendo que la única solución posible siempre habría debido pasar por la obediencia a la ley. Solo la creación de órdenes superiores capaces de proteger verdaderamente las dimensiones humanas más importantes (dignidad, integridad...) podrá asegurar un correcto funcionamiento sistema judicial y legitimar al mismo, aplicando la moral pública predominante en la sociedad (contraria a la tortura) y usándola como principio elemental.
El vídeo adjuntado muestra el momento esencial del litigio.
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